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domingo, 16 de abril de 2017

Crimen organizado envuelve historial delictivo del 40% de jóvenes en Puebla

Tortura por parte de elementos de la policía es lo que aseguran haber sido víctimas al menos 7 de cada 10 jóvenes encarcelados en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de Puebla, quienes en su mayoría también afirman haber formado parte de grupos del crimen organizado.

Al menos 40 por ciento de los jóvenes que cumplen una condena en el reformatorio estatal se encuentran registrados con actividad delictiva de crimen organizado, siendo ésta cifra superior a la del promedio revisado en 13 estados del país y que es del 35 por ciento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó los resultados del informe especial “Adolescentes: Vulnerabilidad y Violencia” que basa sus datos en encuestas aplicadas a presos de 13 entidades federativas durante 2016, con un total de 730 encuestas, donde 38 correspondieron a Puebla.

16% de jóvenes en condena en el CIEPA en Puebla aseguraron
formar parte de pandillas. Foto: Diario Puntual.
Las respuestas dadas por los adolescentes presos advierten sobre violencia y una mayor vinculación de jóvenes con grupos delictivos organizados, que colocan a la entidad con una calificación de 6 puntos donde 10 es la mejor y de las entidades evaluadas, solo Veracruz y Durango la obtuvieron.

Mientras el 40 por ciento de los encuestados en la cárcel juvenil del estado confirmaron haber formado parte de grupos delictivos organizados, el 16 por ciento indicó que en su caso fue integrar pandillas y el 44 por ciento restante, por actos individuales.

Torturas, la constante


Aunado a la relación de jóvenes con el crimenorganizado, se advierte que en Puebla existe un alto número de adolescentes que cumplen condenas y que afirman haber sido víctimas de tortura durante su detención o encarcelamiento, tal es el caso del 71 por ciento de los encuestados por la CNDH, la segunda cifra más alta de las 13 entidades evaluadas.

Un chico indígena encarcelado en Puebla declaró: 

“me detuvieron y me llevaron a la Procuraduría, ahí me pusieron agua, toques eléctricos, bolsa en la cabeza y me patearon las costillas; todavía sigo lastimado”.

Por su parte, otro joven, detenido por el delito de secuestro, relató a la CNDH: 

“nos golpearon a todos, nos llevaron vendados y esposados y, durante dos días, nos estuvieron pegando. Me agarraron los ministeriales y ellos hicieron las declaraciones y nos hicieron firmar todo lo que ellos pusieron y nunca me dejaron declarar, y aunque dije que yo no había dicho nada de eso, no me creyeron y la juez dijo que no me daba más sentencia porque no había más. Yo no pude ver a mi mamá hasta que me sentenciaron, estuve dos meses sin que me comunicaran y mi mamá ya había pensado lo peor porque me había buscado en hospitales, en todas partes y no sabía nada de mí”.

Condenas bajo inocencia


La tortura aplicada a los adolescentes en Puebla no fue la única observación que se señaló en el informe, también se destaca que el 5 por ciento de los encuestados, aseguran cumplir una condena bajoinocencia y es que afirman que no cometieron ningún delito.

Es importante señalar que Puebla, junto con Jalisco y Estado de México presentan los menores indicadores en este punto, no así estados como Veracruz y Oaxaca, que alcanzan reportes del 37 y 44 por ciento, respectivamente.

Un joven interno refiere: 

“Soy inocente. Yo estaba en mi casa, en la mañana, estaba acostado y tocaron la puerta, pensé que era cualquier persona, pero entraron los oficiales del Ministerio Público. Me tiraron, me golpearon y me llevaron al MinisterioPúblico. Ahí me siguieron golpeando y me preguntaban que en dónde estaban mis compañeros, me desvistieron, me vendaron, me tiraron al piso y me siguieron golpeando. Después me dijeron que confesara y me ahogaron y yo les decía que yo no fui, pero les tuve que decir que sí porque ya no aguantaba más; entonces me hicieron firmar y me llevaron a los separos”.

Una historia que integra la CNDH en su informe ubica a un joven que acudió con su novia a una fiesta; el problema comenzó cuando pasaron en medio de una banda quienes los comenzaron a insultar por lo que tuvieron una riña, lo que provocó el enojo de la banda y motivo el secuestro y muerte de la novia, colocando su cuerpo en un tambo dentro del edificio del joven detenido, quien decidió culparse ante amenazas de la policía de involucrar a sus padres. 

“Nunca me permitieron tener un abogado. Siento rencor con la banda que mató a mi novia y conmigo mismo porque la involucré en esa pelea. La violencia en la colonia deben pararla porque yo llegué aquí por esa banda que sigue allá afuera”.

Homicidio y secuestro, los delitos con mayor presencia
en jóvenes que cumplen condena en Puebla.
Foto: PrimeraHora.com 
En torno a la baja calificación que presentó el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de Puebla, los jóvenes entrevistados reprueban la condición que presentan las instalaciones, la renovación de las pláticas que dictan a los jóvenes, el poder que presentan los custodios sobre los reos al imponer reglas de poder y cometer constantes abusos, que no haya materiales para los talleres o que éstos corran a cargo del gasto de los reos, son algunas de las observaciones hechas por los reclusos.

De acuerdo con el registro oficial del reformatorio juvenil actualizado a 2016, en Puebla un total de 69 jóvenes cumplen condenas, el 45 por ciento de estos por homicidio, el 19 por ciento por secuestro y el 9 por ciento por violación, siendo estos lo delitos con mayor presencia.

Omite Fiscalía de Puebla presencia de fosas clandestinas

Con la desaparición de mil 80 personas, Puebla figura entre los 11 estados que concentran el 82 por ciento de personas extraviadas en el país. Esto se suma a las omisiones detectadas en la Fiscalía General del Estado sobre localización de fosas clandestinas, del que informó no tener reporte de ninguna desde 2007 a la fecha, no obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuenta con el registro de cinco.

El organismo nacional publicó este jueves su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México 2017, donde se advierte que mientras la Fiscalía del estado informó que la entidad no cuenta con registros de fosas clandestinas, sin embargo, en investigación hemerográfica en medios de comunicación con corte a septiembre 2016, la CNDH advirtió de la ubicación de cinco fosas con 10 cadáveres.

Si bien la Fiscalía, que encabeza Víctor Carrancá Bourget, otorgó información sobre registros de personas desaparecidas y localizadas, investigaciones ministeriales por desaparición forzada y estado
procesal, fue omisa también al entregar reportes parciales de fosas clandestinas.

Imagen: Informe Especial sobre Desaparición de Personas y
 Fosas Clandestinas en México 2017 de la CNDH

El informe ubica en Puebla a mil 80 personas desaparecidas desde julio 2014 a octubre de 2016, lo que representa el 3.73 por ciento de mexicanos extraviados en el país, cifra mayor a la de estados como Michoacán que reúne mil 29 casos.

No obstante, si se realiza un análisis de 20 años atrás, la cifra de desaparecidos aumenta a 8 mil 463, esto de acuerdo con seguimientos que realiza la CNDH en petición de información a la autoridad estatal, donde además de Puebla, Tamaulipas concentra el mayor número de personas sin localizar.

Registros a partir del 5 de enero de 2007 revelan el caso de 648 personas desaparecidas en Puebla, de las cuales, 262 son menores de edad: 178 niñas y 84 niños, además de 3 reportes de los que se desconoce su edad.

Al puntualizar en dichos registros, se observa que la cifra de desaparecidos desde 2007, es incluso mayor que la registrada en estados como Veracruz y Nuevo León.

Imagen: Informe Especial sobre Desaparición de Personas y
 Fosas Clandestinas en México 2017 de la CNDH
Desde que la CNDH puso en operación el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF), en Puebla se han ubicado a 43 personas de un total de 4 mil 756 registros a nivel nacional. Tan solo la ciudad de Puebla reunió 4 registros, Tecamachalco 2 y Acatzingo, Pantepec, San Salvador El Seco y Tehuacán 1, respectivamente.

El concepto de desaparición forzada se encuentra tipificado desde enero de 2012 en los artículos 304 BIS y 304 Ter en el Código Penal del estado, sin embargo, el organismo en derechos humanos advierte que no existe uniformidad en la regulación del delito, lo que significa a una inadecuada conceptualización de la desaparición forzada respecto a los marcos jurídicos internacionales.

Para la Comisión Nacional, de la práctica en investigación sobre 100 casos de desaparición forzada en diversos estados, entre estos Puebla, se comprobó que ninguna entidad realizó una investigación pronta, exhaustiva e imparcial.

sábado, 14 de junio de 2014

Guanajuato, debilidades del estado con mayor crecimiento económico

Aunque con claroscuros en los rubros de fomento a exportaciones, garantía del Estado de Derecho y situación de la deuda pública, Guanajuato logró una calificación apenas aprobatoria junto con otros tres estados del país catalogados con el mayor desarrollo económico del país.

Fue de “panzazo” como la entidad logró figurar, junto con Nuevo León y Jalisco, como un estado con crecimiento económico, según se desprende del Semáforo Económico Estatal que presentó el Observatorio Económico México ¿Cómo Vamos?, el cual cuenta con el respaldo de organizaciones como México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Guanajuato obtuvo una calificación de 63.6 de 100 puntos, es decir, apenas la calificación aprobatoria, mientras que Nuevo León y Jalisco obtuvieron 63.5 y 62.8 puntos, respectivamente.

Como áreas destacadas en el estado, resalta su crecimiento económico con 4.1 por ciento al cuarto trimestre del año pasado, que lo coloca en la cuarta posición nacional con el más alto indicador, sólo superado por Baja California Sur (5.9 por ciento), Quintana Roo (4.7 por ciento) y Chihuahua (4.3 por ciento).

Escenario similar se observa en el tema de diversificación laboral, referente a los empleos que no dependen directamente del sector público; sobre esto, Guanajuato logró aumentar en 2 por ciento el número de trabajadores que no labora en el gobierno, reduciendo a 7.9 por ciento la población burócrata, de acuerdo con indicadores al primer trimestre de 2014.

La colocación de trabajadores informales presentó también un avance significativo, al pasar de 59.6 a 56.9 por ciento en los últimos cinco trimestres. De esta manera, la generación de empleo creció de 29 a 30.6 por ciento en los primeros tres meses del presente año. En estos rubros, Guanajuato ocupa la octava posición nacional.

Finalmente, el estado avanzó en la garantía de bienestar a su población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso. En el último año, redujo el tamaño de esta población en más de 3 puntos porcentuales, pasando de 54 a 51 por ciento.



Productividad laboral en alerta amarilla

En foco amarillo, equivalente a situación inestable, se encuentran los temas de inversión extranjera directa (IED) y productividad. En el primero, el crecimiento de participación en la producción local fue ligero de 0.5 a 0.7 por ciento.

El rango de productividad por hora trabajada en Guanajuato es de 626.7 pesos, cantidad que se ubica por debajo de la media nacional de 753 pesos. En el cuarto trimestre de 2013, este indicador bajó de 630 a 626.7 pesos, respectivamente.

Destacan los casos de Campeche donde la productividad por hora trabajada es de 3 mil pesos, mientras que en Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas es de mil pesos. En contraste, en Chiapas es de apenas 285 pesos.



Débil estado de exportaciones, alerta roja

Las alertas rojas detectadas por el observatorio económico en Guanajuato fueron: Estado de Derecho, fomento a las exportaciones y deuda pública.

Si bien la entidad tiene la sexta tasa de deuda pública como porcentaje del PIB más baja del país (1.4 por ciento), se ha mantenido en este indicador durante el 2013, situación que advierte del compromiso adquirido como obligación financiera. En este punto, Guanajuato está en la posición 17 de 32 entidades federativas.

En Estado de Derecho se revisó el tema de vehículos robados; la cifra actual es de 75 robos por cada 100 mil habitantes, el avance en el tema, de acuerdo con los analistas del observatorio económico, es aún mínimo por lo que colocaron al estado en el lugar 22.

El mayor rezago que observa el estado fue en el tema de exportaciones donde logró situarse en la posición 24, con una participación del PIB estatal de 1.7 por ciento, menor al promedio nacional de 1.9 por ciento.

miércoles, 30 de abril de 2014

Violan estados derecho integral de acceso a información pública

De 33 leyes de transparencia existentes en el país, sólo 1 logró calificación aprobatoria en la evaluación del cumplimiento en la protección del derecho a la información de los ciudadanos, apenas 13 lograron posiciones de “regulares”, mientas que más de la mitad reprobó quedando catalogadas como entidades violatorias a los derechos de acceso a la información pública.
 
Hablamos de que más de la mitad de los estados en el país no pueden compararse siquiera con los estándares mínimos de mejores prácticas en leyes de transparencia a nivel internacional, según arrojó el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) 2014 dado a conocer por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
 
El mejor escenario: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuya última reforma se dio el 29 de agosto de 2013. Destaca por la interpretación del concepto del derecho a la información pública, la obligación de interpretar la Ley conforme a la Constitución Política, la garantía del derecho, la rendición de cuentas, la difusión y la transparencia en los sujetos obligados.
 

En materia de sanciones, sólo los estatutos legales del Distrito Federal y Jalisco contemplan la mayoría de infracciones, procedimientos efectivos y ágiles en la resolución de casos, quejas por incumplimiento a la publicación de obligaciones de transparencia y sanciones específicas a servidores públicos que intimiden a los solicitantes de información.
 
En total, 13 entidades obtuvieron calificaciones de “regulares” con rangos de 6 a 7.9 puntos de un total de 10. Coahuila, Guerrero, Puebla y Nayarit son los casos más rescatables Tres fueron las variables revisadas: disposiciones administrativas, diseño institucional y procedimientos de acceso a la información.
 

En el primer caso, el estado de Guerrero reprobó, al no integrar ningún elemento de revisión del concepto del derecho, su contenido normativo, interpretación y objetivo de legislación. Sobre éste último punto, Querétaro incumplió, apenas garantizar el derecho de acceso, pero niega la transparencia en el ejercicio de la función pública, la actualización de la información, la rendición de cuentas, no amplía los niveles de participación ciudadana ni difunde la información de interés público.
 
La mayor opacidad en el reconocimiento de los sujetos obligados a rendir información pública se presenta en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, apenas 4 leyes de un total de 32 incorporan a los sindicatos que reciben recursos públicos dentro de los sujetos obligados, éstas son: DF, Durango, Michoacán y Oaxaca.
 
Aunque Oaxaca destaca en esta variable, los vacíos de la legislación se muestran en las sanciones a incumplimientos en el ejercicio del derecho, y es que apenas reconoce dos de siete indicadores que deben ser oficialmente reconocidos: procedimientos efectivos, infracciones a la Ley, quejas y sanciones específicas a servidores públicos que intimiden a los solicitantes.
 

En el tema del diseño institucional y las funciones que permiten implementar la legislación, el Estado de México resultó con la mejor evaluación, en contraste Baja California Sur y Colima no presentaron ningún criterio en la integración de las oficinas de información pública, facultades del órgano interno de revisión y la naturaleza jurídica de los órganos garantes de transparencia.
 
En la variable del proceso de acceso a la información, la peor posición la obtuvo Guanajuato, siendo el único estado con sólo un criterio para presentar solicitudes de información: el sistema electrónico, mientras que hay entidades como Puebla con hasta siete opciones: personalmente en ventanillas, correo postal, teléfono, fax, representante legal y correo electrónico.
 

Si bien, las últimas posiciones del IDAIM 2014 fueron para Baja California Sur, Colima, Guanajuato e Hidalgo, el informe señala que de manera general las leyes de transparencia del país presentan grandes diferencias entre sí.
 
Las garantías procedimentales en el acceso a la información son las que más variaciones presentaron en las distintas leyes, la mitad de éstas no contemplan órganos internos revisores ni las funciones de las unidades de enlace.
 
Aunado a ello, el periodo de reserva es distinto de una ley a otra, pues va de 7 años hasta 12, sólo 15 leyes incorporan estándares menores a 7 años, siendo éste el indicador oficial.
 
Esta evaluación lo que plantea es un escenario de contrastes, la gran mayoría con enfoque negativo y sin posibilidades de equipararse a niveles de indicadores internacionales, es decir, en transparencia estamos rezagados, tan sólo en una comparativa nacional todos resultaron reprobados.
 
Mientas hay entidades con crecimiento y desarrollo económico, con avance educativo o industrial, la tarea pendiente se mantiene en el tema de transparencia y rendición de cuentas.

sábado, 17 de diciembre de 2011

Conapred advierte sobre la desigualdad e intolerancia en Puebla


En Puebla, golpear a un niño para que obedezca, expulsar a protestantes de una comunidad y faltarle el respeto a migrantes centroamericanos, es una práctica común que ha colocado a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional en desigualdad e intolerancia.

Casi 5 de cada 10 poblanos justifican pegarle a un niño para que obedezca, y es que el 25 por ciento de la población dice que los niños tienen los derechos que sus padres les quieran dar, mientras que un 2.4 por ciento asegura que los infantes no tienen derechos por ser menores de edad.

Lo anterior se desprende de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (Enadis) 2010, el cual fue dado a conocer por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Puebla es considerado uno de los seis estados del país donde se justifican los golpes a los niños como una enseñanza de disciplina, situación que presentan también las entidades de: Hidalgo, Tlaxcala, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El último reporte del Sistema DIF estatal correspondiente al 2010 informa que en ese año recibieron un total de 3 mil 400 reportes por maltrato infantil, de los cuales 2 mil fueron comprobados.

Tan sólo en el municipio de Puebla, el Sistema DIF recibe de forma diaria 10 reportes, de los cuales el 70 por ciento está relacionado con el maltrato de menores y un 10 por ciento corresponde a llamadas falsas.

Intolerancia religiosa

El informe también advierte sobre la intolerancia religiosa en Puebla, siendo uno de los nueve estados del país donde existe mayor conflicto entre grupos católicos y comunidades protestantes.

Y es que de los más de 5 millones de habitantes, el 6.1 por ciento avala -que en medio de un conflicto religioso- las autoridades saquen a los protestantes y se obedezca la decisión de la mayoría.

Un 15 por ciento del total de población plantea la reubicación de los protestantes como una solución ante un conflicto, mientras que un 4.9 por ciento afirma que las autoridades no deben intervenir.

Casos de este tipo pueden ejemplificarse con el reciente conflicto suscitado en la comunidad de San Rafael Tlanalapan de San Martín Texmelucan, donde se presentó una diferencia entre católicos y cristianos, el que llego hasta las amenazas por linchamiento, luego que la comunidad cristiana pretendía construir un templo en dicha comunidad.

Falta de respeto hacia migrantes

En lo que respecta a los derechos de personas migrantes centroamericanos, Puebla junto con las ciudades de León, Guanajuato y Torreón, Coahuila, son considerados como las regiones donde no existe respeto.

De cada 10 personas, 4 consideran que en Puebla no hay respeto hacia los migrantes que vienen de países del sur de América, situación contraria a la zona metropolitana de Monterrey, donde 2 de cada 10 personas creen que se respetan mucho los derechos de personas migrantes.

En la región Puebla-Tlaxcala, el 53.1 por ciento de la población dice que el respeto a los migrantes es “algo y poco”, mientras que sólo un 12 por ciento afirma que el respeto es “mucho”.

De acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla está dentro del grupo de 10 estados del país donde se reportaron entre enero y agosto del presente año, el mayor número de quejas por violación a los derechos humanos contra indocumentados centroamericanos.

El estudio publicado en el sitio web de la CNDH revela que de los 217 municipios del estado, la capital y Amozoc documentan el mayor número de casos de violación a derechos de migrantes.

Actualmente en Puebla suman 35 casos o quejas contra actos que atentan hacia la dignidad de los extranjeros capturados por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Cabe destacar que los municipios de Rafael Lara Grajales, Palmar de Bravo y Acatzingo están considerados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la CNDH como focos amarillos en la ruta de secuestros de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos.

Temor por abuso de fuerzas públicas

Sobre el tema en seguridad pública, el escenario es aún más crítico al ser Puebla la entidad con el mayor temor de la población ante el abuso de las fuerzas en seguridad pública.

Contrario al resto de las entidades, Puebla presenta el mayor temor de su población por abusos de los cuerpos policiales, con un rango de 23.2 por ciento, aunque el temor por ser víctima del robo con violencia es mayor con un 34.5 por ciento.

Sólo un 16.6 por ciento de los poblanos advierte sobre el riesgo de ser víctima de violencia generada por el narcotráfico, ansiedad que según el Conapred es liderada por las ciudades de: Torreón, Coahuila y Juárez, Chihuahua.

En México, los grupos sociales que presenta mayor vulnerabilidad en el respeto a sus derechos son: indígenas, migrantes y homosexuales.

Al ser cuestionados sobre las causas que incidieron para que no fueran respetados sus derechos, los mexicanos respondieron que el color de su piel, acento al hablar, costumbres y cultura, y con menor representación pero también significativa: la falta de dinero y apariencia física.

Al referir sobre la discriminación por preferencia u orientación sexual, el Conapred advierte que en México, una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguido de la falta de aceptación y las críticas o burlas.

La intolerancia hacia personas homosexuales se concentra principalmente en los cuerpos policiales y la iglesia, seguida de los gobiernos, la gente de colonias, medios de comunicación y servicios de salud, lo que coloca en último lugar de intolerancia a la familia y amigos.