Guanajuato, al fondo en opacidad de información presupuestal: IMCO

Por su opacidad y nula transparencia en la información financiera y contabilidad gubernamental, Guanajuato se colocó en la última posición de la evaluación de Información Presupuestal Estatal 2014 (IIPE) que este miércoles presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A nivel nacional, Guanajuato, junto con Michoacán, resultaron reprobados en la revisión de su información presupuestal, con una calificación de apenas 47 por ciento de un total de 100 puntos disponibles.

El IMCO presentó este miércoles los resultados de su estudio “Información Presupuestal Estatal 2014”, el cual tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad, verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y fomentar buenas prácticas contables.

De acuerdo con la revisión de la información en Guanajuato, se advierte de opacidad por parte de institutos, municipios y partidos políticos, al no presentar entre otros documentos, el presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), así como el monto asignado a municipios.

¿En qué se incumple?

También se observa la falta de información en plazas de la administración municipal y el desglose de la plantilla laboral, así como el tabulador de salarios correspondiente a mandos medios.

Se incluye la ausencia de plazas de magisterio y salario de docentes. Se advierte de la falta de información de la deuda pública por crédito y contratación; se hace hincapié en el destino de los recursos del Ramo 33, el financiamiento a partidos y la transferencia de recursos a organismos de la sociedad civil, todo esto sin soporte de respaldo.

El estudio advierte que si Guanajuato hubiera publicado desde el 27 de diciembre de 2013, su presupuesto de egresos con los anexos que detallan la información, habría logrado colocarse en la posición 13 a nivel nacional en el ranking de este año, sin embargo, los vacíos en el tema de transparencia hicieron que cayera seis posiciones respecto al informe del año pasado.

De un total de 100 criterios evaluados, Guanajuato no presentó el desglose sobre el ingreso por cuotas y aportaciones del seguro social, la transferencia en asignaciones y subsidios, el tipo de gasto y el nivel de finalidad, esto como parte de la ley de ingresos estatal.

Gastan más de lo que generan

IMCO advierte que los estados y municipios generan menos de los recursos que ganan, es decir, generan sólo el 9.6 por ciento de los ingresos totales que percibe el país, no obstante, ejercer el 45.6 por ciento de los recursos disponibles.

Bajo este lineamiento, se advierten de malas prácticas y opacidad por parte del gobierno de Guanajuato, además de discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios y ayudas sociales.

Con la finalidad de dirimir estos vacíos, el IMCO propone que el Consejo Nacional de Armonización Contable exija a los estados, el cumplimiento de la armonización contable sin prórrogas; que institucionalicen y adopten las mejores prácticas en la elaboración del presupuesto de egresos y leyes de ingresos; y que desglosen la información presupuestal y reglas claras para la asignación y administración de recursos con base en lo que ordenan los criterios de contabilidad gubernamental.

Contrario a los casos de Michoacán y Guanajuato, Jalisco y Puebla se posicionaron en el primer lugar con una calificación del 96 por ciento, destacando por el desglose presupuestal por dependencia, operación y de inversión, así como por el buen desglose de tabuladores de plazas

Análisis de forma, no de fondo

Al conocer los resultados del informe del IMCO, el gobierno de Guanajuato señaló que la evaluación responde a un tema de forma no de fondo, debido a que el indicar mide la calidad de la información, no obstante, asegura que se cumplió con la disponibilidad de acceso, así como su publicación, aunque reconoce, no coincide con la metodología que el Instituto utilizó para su análisis.

Respecto a la publicación de los anexos en el portal de la Secretaría de Finanzas, indicó que publicarlos en el Periódico Oficial del Estado representarían un costo elevado, ya que constituyen 4 mil páginas. Empero, justificó que la información está en poder del Congreso del Estado.

Retrocede Guanajuato posiciones en acceso a información fiscal

Contrario a los alcances obtenidos en desarrollo económico, Guanajuato enfrenta en materia de transparencia fiscal su mayor retroceso. En el último año, el estado descendió siete posiciones en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2014, además de ubicarse por debajo del promedio nacional.

La consultora Aregional –banco de información estadística- publicó los resultados de su ITDIF 2014, donde Guanajuato se colocó en la posición 22 de 31 entidades federativas, descendiendo 7 lugares respecto al ranking de 2013, cuando se sitúo en el lugar 15.

El estado muestra un acceso a su información fiscal catalogado como “medio”, siendo la evaluación al desempeño, su área más débil con un indicador de apenas 2.1 respecto a los 7.89 que reportaron el promedio de entidades en el país.

Un total de 15 entidades bajaron posiciones en el índice 2014, siendo Morelos la más pronunciada con 11 lugares, le siguen Michoacán, San Luis Potosí y Campeche con 8 posiciones, cada una, y Guanajuato con 7 escalones.

Es importante señalar que contrario al escenario de Guanajuato, el promedio nacional de los estados es el más alto en la historia del índice con 77.78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos posibles.

Para obtener la calificación, la consultora revisó la calidad de la información, transparencia y disponibilidad de sus indicadores fiscales, así como su alineación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Fueron cinco áreas las evaluadas; de éstas sólo dos resultaron destacadas para el estado: marco regulatorio referente al programa de aplicación, y rendición de cuentas; en un nivel medio se ubicaron los costos operativos, el marco programático presupuestal y las estadísticas fiscales; en contraste, como un foco de alerta se colocó la evaluación de resultados.

Aregional advierte que en los estados con mayor retraso no se presenta de manera completa el desglose de los sueldos de funcionarios públicos, así como la información sobre adquisiciones y adjudicaciones de obras públicas.

Respecto a la información de los sueldos y salarios, la mitad de las entidades incluyen montos por compensaciones y deducciones salariales, solamente 28 por ciento desglosó con calidad estos conceptos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los criterios de información.

En cuanto a las adquisiciones y adjudicaciones, la consultora plantea, la mejora de la calidad de la información en los datos, como el número de concurso, las fechas, la descripción de la adjudicación y número de participantes de la adjudicación, así como el nombre de las empresas participantes.

Aunque el 80 por ciento de los estados cumple con la disponibilidad, sólo el 43 por ciento lo hace con calidad.

Los estados de México, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Oaxaca, Colima, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes cumplieron con los criterios de calidad de los bloques en más de un 90 por ciento.

Violan estados derecho integral de acceso a información pública

De 33 leyes de transparencia existentes en el país, sólo 1 logró calificación aprobatoria en la evaluación del cumplimiento en la protección del derecho a la información de los ciudadanos, apenas 13 lograron posiciones de “regulares”, mientas que más de la mitad reprobó quedando catalogadas como entidades violatorias a los derechos de acceso a la información pública.

 

Hablamos de que más de la mitad de los estados en el país no pueden compararse siquiera con los estándares mínimos de mejores prácticas en leyes de transparencia a nivel internacional, según arrojó el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) 2014 dado a conocer por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

 

El mejor escenario: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuya última reforma se dio el 29 de agosto de 2013. Destaca por la interpretación del concepto del derecho a la información pública, la obligación de interpretar la Ley conforme a la Constitución Política, la garantía del derecho, la rendición de cuentas, la difusión y la transparencia en los sujetos obligados.

 

En materia de sanciones, sólo los estatutos legales del Distrito Federal y Jalisco contemplan la mayoría de infracciones, procedimientos efectivos y ágiles en la resolución de casos, quejas por incumplimiento a la publicación de obligaciones de transparencia y sanciones específicas a servidores públicos que intimiden a los solicitantes de información.

 

En total, 13 entidades obtuvieron calificaciones de “regulares” con rangos de 6 a 7.9 puntos de un total de 10. Coahuila, Guerrero, Puebla y Nayarit son los casos más rescatables Tres fueron las variables revisadas: disposiciones administrativas, diseño institucional y procedimientos de acceso a la información.

 

En el primer caso, el estado de Guerrero reprobó, al no integrar ningún elemento de revisión del concepto del derecho, su contenido normativo, interpretación y objetivo de legislación. Sobre éste último punto, Querétaro incumplió, apenas garantizar el derecho de acceso, pero niega la transparencia en el ejercicio de la función pública, la actualización de la información, la rendición de cuentas, no amplía los niveles de participación ciudadana ni difunde la información de interés público.

 

La mayor opacidad en el reconocimiento de los sujetos obligados a rendir información pública se presenta en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, apenas 4 leyes de un total de 32 incorporan a los sindicatos que reciben recursos públicos dentro de los sujetos obligados, éstas son: DF, Durango, Michoacán y Oaxaca.

 

Aunque Oaxaca destaca en esta variable, los vacíos de la legislación se muestran en las sanciones a incumplimientos en el ejercicio del derecho, y es que apenas reconoce dos de siete indicadores que deben ser oficialmente reconocidos: procedimientos efectivos, infracciones a la Ley, quejas y sanciones específicas a servidores públicos que intimiden a los solicitantes.

 

En el tema del diseño institucional y las funciones que permiten implementar la legislación, el Estado de México resultó con la mejor evaluación, en contraste Baja California Sur y Colima no presentaron ningún criterio en la integración de las oficinas de información pública, facultades del órgano interno de revisión y la naturaleza jurídica de los órganos garantes de transparencia.

 

En la variable del proceso de acceso a la información, la peor posición la obtuvo Guanajuato, siendo el único estado con sólo un criterio para presentar solicitudes de información: el sistema electrónico, mientras que hay entidades como Puebla con hasta siete opciones: personalmente en ventanillas, correo postal, teléfono, fax, representante legal y correo electrónico.

 

Si bien, las últimas posiciones del IDAIM 2014 fueron para Baja California Sur, Colima, Guanajuato e Hidalgo, el informe señala que de manera general las leyes de transparencia del país presentan grandes diferencias entre sí.

 

Las garantías procedimentales en el acceso a la información son las que más variaciones presentaron en las distintas leyes, la mitad de éstas no contemplan órganos internos revisores ni las funciones de las unidades de enlace.

 

Aunado a ello, el periodo de reserva es distinto de una ley a otra, pues va de 7 años hasta 12, sólo 15 leyes incorporan estándares menores a 7 años, siendo éste el indicador oficial.

 

Esta evaluación lo que plantea es un escenario de contrastes, la gran mayoría con enfoque negativo y sin posibilidades de equipararse a niveles de indicadores internacionales, es decir, en transparencia estamos rezagados, tan sólo en una comparativa nacional todos resultaron reprobados.

 

Mientas hay entidades con crecimiento y desarrollo económico, con avance educativo o industrial, la tarea pendiente se mantiene en el tema de transparencia y rendición de cuentas.

Partidos políticos y ayuntamientos, reprobados en transparencia

Los portales de transparencia en Internet de partidos políticos, principalmente Movimiento Ciudadano (MC), Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como los ayuntamientos de Huauchinango, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan, resultaron ser los peor evaluados por parte de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) al supervisar el cumplimiento a la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

La evaluación de la CAIP tuvo como objetivo dar cumplimiento a las modificaciones de la legislación que plantea la obligación de transparentar la información financiera, de vinculación ciudadana, marco regulatorio y estructura organizacional de 108 sujetos obligados, por lo que el organismo autónomo supervisó portales de transparencia del Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, partidos políticos, tribunales administrativos y ayuntamientos con más de 70 mil habitantes.

De una puntuación máxima de 100 puntos, los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México obtuvieron 0, mientras que Movimiento Ciudadano registró 2.2 puntos, en tanto que el Partido Nueva Alianza obtuvo 6.32 puntos.

Los mejor calificados fueron los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), y Revolucionario Institucional (PRI), cuya puntuación fue de 98.16, 81.89, y 81 puntos, respectivamente.

En ayuntamientos, los de Huauchinango, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan, obtuvieron 0, mientras que la administración de Amozoc alcanzó apenas 5.52 puntos, Xicotepec de Juárez 10.58 puntos, Zacatlán 11.27 puntos y Cuautlancingo 15.28 puntos.

Sólo la administración municipal de Puebla obtuvo una calificación de 97.6 puntos, el resto de ayuntamientos no alcanzaron más de 50 puntos, como es el caso de Atlixco 48.49 puntos, San Andrés Cholula 45.31 puntos.

En organismos autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Benemérita Universidad Popular Autónoma de Puebla (BUAP) resultaron ser los mejores evaluados con 98.96 y 92 puntos, respectivamente. En contraste, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJEP), obtuvieron 70.46 y 76.08 puntos, respectivamente.

La disparidad se observó en el Poder Legislativo, donde, mientras el Órgano de Fiscalización Superior del Estado obtuvo 94.8 puntos, el Congreso local registro 77.57 puntos.

Del Poder Ejecutivo, las dependencias mejor evaluadas fueron las secretarias de Servicios Legales y Defensoría Pública, y la de Desarrollo Social, con 93.76 y 93.36 puntos, respectivamente, calificación que contrasta con las secretarias de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, e Infraestructura, que reportaron 88.82 y 89.94 puntos, de un total de 100.