La apuesta es caminar sólo una calle en cualquier parte del país para observar las desigualdades del México actual. Recuerdo bien la clase en el diplomado de Análisis Político donde se abordó el tema ¿Es México un país democrático? Mi respuesta fue no, sin embargo, en medio del análisis y la discusión la conclusión arrojó un sí.
El México democrático que se planteó aquel día tenía como base un Estado de Derecho, la legitimización del sistema político, la participación ciudadana, el poder de mayoría y la representación de movimientos sociales, toda la estructura que exponen los politólogos Seymour M. Lipset y Stein Rokkan en el análisis Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales (1967).
Conocer, identificar y analizar las etapas en la historia política de nuestro país puede ser una tarea que si bien requiere de dedicación, no representa la revisión real que demanda una pregunta que parecería fácil ¿es México un país democrático? Abordo este tema desde la necesidad que tenemos y urgencia que debemos al compromiso de nación.
La representación política es un elemento esencial en la estructura de gobierno; para ello partimos desde la postura de Rokkan, quien plantea la distribución de poder desde las divisiones sociales y las creencias ideológicas; por su parte, Maurice Duverger en El origen de los partidos (1955) refiere sobre la mayoría representada en la vida política de un país.
Es la democracia la constitución de mayorías, una igualdad civil, política y social. Desde las fracturas sociales se fueron formando los partidos políticos que hoy representan las posturas más rígidas del histórico México, que sí se han transformado hacia una identidad que debiera reflejar “unidad” pero que aún se amarra a su pasado de división y conflicto.
Rokkan nos dice que un sistema competitivo de partidos protege a la nación contra el descontento de los ciudadanos, así forjamos una democracia, con el reconocimiento de poderes y autoridades, con la inclusión ciudadana a través del voto, del derecho a manifestarse y a sumarse a representaciones.
En aquella discusión académica en la que incurrieron distintas perspectivas desde abogados, comunicólogos, contadores, economistas y, por supuesto, politólogos, reconocimos la participación de los partidos políticos, la estructura del sistema de gobierno, su representatividad y la participación ciudadana, empero, fue en la validez de los derechos como un ejercicio democrático, donde se generaron más cuestionamientos.
La pregunta era ¿se respetan los derechos humanos? De lo contrario estaríamos hablando de injusticias en ¿un Estado democrático? Las observaciones fueron diversas, desde que si nos comparamos con naciones sudamericanas o africanas, incluso del medio oriente, donde existen prohibiciones que atentan contra la integridad humana.
En recientes días el extinto Instituto Federal Electoral publicó el Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (IPCCM, 2014), cuyos resultados no serían sorprendes excepto porque advierte de una crisis democrática en el país. Conociendo el estudio y recordando aquella discusión entre colegas me cuestiono aún más la realidad de esa frase que se afirma con eterna veracidad “México, un
país democrático”.
Y es que los datos del estudio, derivado de 11 mil encuestas, muestran una democracia mexicana envuelta en problemas de definición, lo que arroja una crisis de legitimidad que apenas se mantiene por un pasado que forjó la base legal, pero que contrario a esas ideologías, se mantiene y acrecienta la desconfianza ciudadana.
Se advierte que en 2006, México y sus instituciones tuvieron la oportunidad de afianzar esa confianza que hoy reclaman, sin embargo, se perdió esa oportunidad; si bien el Ejército es la institución con mayor confianza (65 por ciento), el resto de instituciones que forjan la democracia en una nación presentan niveles menores al 50 por ciento, tal es el caso de los partidos políticos, sindicatos, policías, jueces, incluso los maestros y la iglesia.
Este escenario bien podría responder a las crecientes filas de empresarios que se suman a los grupos políticos con el objetivo de beneficiarse a través de favores políticos. Es tal la evolución de la política que cada vez es más común encontrar a empresarios envueltos en ella, saben que es la única manera de afianzar
monopolios y grandes consorcios.
Anthony Downs nos plantea en su libro Teoría económica de la acción política en una democracia (1957) cómo la política se ha convertido en el negocio del poder, cómo la obtención de votos es la pelea constante entre quienes han utilizado a la política como su medio para obtener ingresos de manera fácil, pareciendo
profesionales y conservando sus puestos.
Y es que ¿cuál temor? un fuero político los defiende. No hay nadie que persiga a los empresarios disfrazados de políticos, todos están coludidos, siempre hay una cadena que sigue a cada peldaño del organigrama. Así nos encontramos a líderes empresariales que son atraídos a la política, vendiendo votos a cambio de un puesto que premia la ambición. ¿Abandonar la política habiendo probado el poder? ¿Quién
habrá visto eso antes?
Se inician como empresarios que respaldan campañas, compra de votos y triunfos “electorales”; se benefician del poder comprado, supuestas licitaciones, contrataciones que terminan siendo adjudicaciones directas. Se ofrecen como producto para ser votado, negocian con otros más votos a su favor. Es ahora el mercado de la política, el mayor negocio.
La intervención de los medios de comunicación es esencial, otro gran negocio. Dice Downs que “mientras mantengamos el supuesto del conocimiento perfecto ningún ciudadano puede influir en el voto de otro”; es la persuasión y la ignorancia, el poder de la información.
Cuando una persona asume su responsabilidad ciudadana y defiende su derecho a la información, nada podrá engañarle “si el individuo se comporta racionalmente, ningún tipo de persuasión puede hacerle cambiar de opinión. Pero cuando aparece la ignorancia, el claro camino que conduce a la estructura de preferencias a la decisión de voto se obscurece por falta de conocimiento”, es ahí cuando los persuasores se hacen efectivos.
Apenas 34 por ciento de los encuestados en el informe país mencionado, confía en la autoridad electoral; el centro y el sur, la zona con mayor nivel de desconfianza, pero si realmente nos informamos sobre el escenario político de nuestro país ¿cómo evaluaríamos nuestro consumo informativo, tanto en calidad como en cantidad?
Analistas políticos como Lorenzo Meyer nos advierten que un sistema político donde menos de la quinta parte se siente representado por aquellos que, se supone, encarnan la soberanía, puede calificarse de varias formas pero no de democrático. Este tema incide en la confianza social, la confianza perdida por un clima de corrupción, violencia, inseguridad y desigualdad, donde la economía parece un escenario cada vez más gris y la posibilidad de crecer decrece a la par del respeto a nuestros derechos humanos.
Sí, ejercemos nuestro voto y con ello una ligera confianza sobre el poder legítimo y el reconocimiento a nuestras instituciones. El voto considerado como un ejercicio democrático y catalogado como la representación ciudadana. Somos quienes colocamos a los hombres detrás del poder, o ¿somos sus clientes potenciales?
Consumidores de la política. Sólo el poder de la información nos separa de este consumismo, nos hace ser dueños de nuestras decisiones, de nuestro pensamiento.Se mantiene la verdad en que nos envolvió Anthony Downs sobre el uso de la democracia por parte de los partidos políticos como medio para obtener votos, pero también reconozco que el ejercicio de nuestros derechos, el acceso a la información y el consumo de conocimiento de calidad, representan la herramienta que hace falta en México para validar la democracia.
Pero la oferta de la clase política en el país no garantiza tales posibilidades. Son mayores los pecados cometidos por quienes representan la política mexicana, hablamos de falta de responsabilidad, de ausencia de objetivos y, primordialmente, carencia de ética.
La política de México parece estribar en una prolongada y ardua lucha contra tenaces resistencias por vencer nos señala Max Weber en su libro El político y el científico (1918), considerando que la pasión, el sentido de responsabilidad y la mesura son cualidades cada vez más raras de encontrar en el líder político. Es la vanidad en la que actualmente se ha inmerso la política nacional y que divide a la sociedad mexicana de la clase política, sin solución y lejos del proyecto de nación, hoy carente de sentido, de objetivos y de democracia.
Los políticos y sus partidos enfrentan una de sus más representativas batallas internas, críticas y diferencias ideológicas a sus dirigentes, divisiones, bloques y escenarios encontrados que han tenido efecto en elecciones de peso. Ese Spoils Systems que llama Weber en referencia al enfrentamiento de partidos políticos por una mayor atribución de cargos federales en torno al séquito de un candidato triunfador cobra mayor relevancia e incluso llega a deslealtades por obtener el cargo federal, para conseguir la deseada posición que garantiza una larga vida detrás de una muy gastada figura política.
Hasta el momento el diagnóstico de nuestra democracia nos permite comprender la patología que enfrenta el régimen político mexicano, sí con reglas y valores, pero con una ideología quebrantada, un pluralismo intolerante y una comunidad política desintegrada donde la sociedad civil se muestra dispar frente a distintas clases sociales con marcado nivel de discriminación, con sindicatos invadidos en una política ambicionista y con una iglesia señalada por sus errores.
Contrario a antaño, las movilizaciones políticas han crecido, las demandas son mayores y las exigencias tienen una voz más fuerte; no obstante, las respuestas son las mismas y la canalización de conflictos sigue sin ser efectiva. Estados como Puebla y Chiapas –con altas cifras de pobreza, rezago y desigualdad– presumen de ser ejecutores de leyes que criminalizan la manifestación social y hacen uso de la monopolización del Estado mediante coacción física e influencia coercitiva, como una forma de aseguramiento al cumplimiento, no de ley, sino de la política.
Democracia es participación y tolerancia a la oposición, pero casos como los antes mencionados parecen señalar que aún seguimos en una hegemonía, tal vez de inclusión con muchos votantes, pero nulo respeto entre los participantes.
Arend Lijphart, en su texto Modelos de democracia (1984), plantea los elementos fundamentales de una democracia real, con sistema de valores igualitario, participación elevada en organizaciones voluntarias y riqueza económica. El modelo consensual de democracia establece una mayoría gobernante y una minoría de oposición que cada vez parece reforzarse contra la exclusión y no representatividad; debe impedirse a perdedores participar en la toma de decisiones y así podremos simular una democracia con acciones como el Pacto por México.
En el análisis de la democracia nacional no podemos dejar de mencionar a Robert Dahl y su texto La poliarquía (1971) donde analiza los niveles de tolerancia y representación o participación dentro una sociedad y un Estado.
En capítulos de la historia de México hemos sido testigos de derramamientos de sangre en lo que podría considerarse escenarios hegemónicos que parecen repetirse cuando se cierra el debate público, cuando la desigualdad enmarca el cuadro social del país, o en la segmentación cultural, en un control extranjero del poderoso país del norte o con creencias que dividen más que unir.
Regresando a Rokkan y la legitimización de actores políticos, reconocemos que la secuencia histórica en la política nacional no garantiza la presencia de una democracia, y cómo si nos ubicamos en alerta de garantía en libertad de expresión, si se generan leyes para coaccionar el derecho a manifestarse, o con la violación constante a los derechos humanos, con observaciones por nula transparencia y carente acceso a la información pública, o con una cifra cada vez menor de sufragios electorales.
No podemos aceptar una comparación con altos niveles de carencia democrática, donde hay conspiraciones internacionales o sectores autoritarios duros, sin embargo, sí debemos validar la incapacidad en el liderazgo de nuestra democracia o la presencia de coaliciones dominantes afianzadas por beneficios legislativos o toma de decisiones desde las altas esferas del poder.
Enfrentamos la mayor debilidad de cohesión nacional. No tenemos sentido de pertenencia, somos una sociedad dividida, alejada y temerosa uno de otro, con una alta percepción de inseguridad que ha debilitado las redes comunitarias y acrecentado el temor con degradación moral por la creciente presencia del crimen
organizado en el territorio.
El informe país que presentó el Instituto Federal Electoral no sólo refleja el sentir alerta de los mexicanos, advierte de la debilidad en la que hemos situado las batallas históricas del México que forjó las leyes y constitución actual. Nos presenta el clima de desconfianza y distancia con la clase política de nuestro país, con la pérdida de credibilidad que tenemos hacia nuestro proceso electoral, con un proceso de transición fallido que representaba amplias esperanzas y que concluyó en el mayor fracaso político-social.
Una democracia con incredulidad dominante está lejos de distinguir la política real de la falsa, hemos abandonado la lucha al observar la fuerza de la ambición detrás del poder simulado. Somos una democracia fallida.
* Ensayo del Diplomado Análisis Político. Instituto Guanajuatense de Ciencias Políticas. Julio 2014.
