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viernes, 27 de junio de 2014

Retrocede Guanajuato posiciones en acceso a información fiscal


Contrario a los alcances obtenidos en desarrollo económico, Guanajuato enfrenta en materia de transparencia fiscal su mayor retroceso. En el último año, el estado descendió siete posiciones en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2014, además de ubicarse por debajo del promedio nacional.

La consultora Aregional –banco de información estadística- publicó los resultados de su ITDIF 2014, donde Guanajuato se colocó en la posición 22 de 31 entidades federativas, descendiendo 7 lugares respecto al ranking de 2013, cuando se sitúo en el lugar 15.


El estado muestra un acceso a su información fiscal catalogado como “medio”, siendo la evaluación al desempeño, su área más débil con un indicador de apenas 2.1 respecto a los 7.89 que reportaron el promedio de entidades en el país.

Un total de 15 entidades bajaron posiciones en el índice 2014, siendo Morelos la más pronunciada con 11 lugares, le siguen Michoacán, San Luis Potosí y Campeche con 8 posiciones, cada una, y Guanajuato con 7 escalones.


Es importante señalar que contrario al escenario de Guanajuato, el promedio nacional de los estados es el más alto en la historia del índice con 77.78 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos posibles.


Para obtener la calificación, la consultora revisó la calidad de la información, transparencia y disponibilidad de sus indicadores fiscales, así como su alineación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Fueron cinco áreas las evaluadas; de éstas sólo dos resultaron destacadas para el estado: marco regulatorio referente al programa de aplicación, y rendición de cuentas; en un nivel medio se ubicaron los costos operativos, el marco programático presupuestal y las estadísticas fiscales; en contraste, como un foco de alerta se colocó la evaluación de resultados.

Aregional advierte que en los estados con mayor retraso no se presenta de manera completa el desglose de los sueldos de funcionarios públicos, así como la información sobre adquisiciones y adjudicaciones de obras públicas.

Respecto a la información de los sueldos y salarios, la mitad de las entidades incluyen montos por compensaciones y deducciones salariales, solamente 28 por ciento desglosó con calidad estos conceptos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los criterios de información.

En cuanto a las adquisiciones y adjudicaciones, la consultora plantea, la mejora de la calidad de la información en los datos, como el número de concurso, las fechas, la descripción de la adjudicación y número de participantes de la adjudicación, así como el nombre de las empresas participantes.

Aunque el 80 por ciento de los estados cumple con la disponibilidad, sólo el 43 por ciento lo hace con calidad.


Los estados de México, Puebla, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Oaxaca, Colima, Querétaro, Chihuahua y Aguascalientes cumplieron con los criterios de calidad de los bloques en más de un 90 por ciento.

sábado, 14 de junio de 2014

Guanajuato, debilidades del estado con mayor crecimiento económico

Aunque con claroscuros en los rubros de fomento a exportaciones, garantía del Estado de Derecho y situación de la deuda pública, Guanajuato logró una calificación apenas aprobatoria junto con otros tres estados del país catalogados con el mayor desarrollo económico del país.

Fue de “panzazo” como la entidad logró figurar, junto con Nuevo León y Jalisco, como un estado con crecimiento económico, según se desprende del Semáforo Económico Estatal que presentó el Observatorio Económico México ¿Cómo Vamos?, el cual cuenta con el respaldo de organizaciones como México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Guanajuato obtuvo una calificación de 63.6 de 100 puntos, es decir, apenas la calificación aprobatoria, mientras que Nuevo León y Jalisco obtuvieron 63.5 y 62.8 puntos, respectivamente.

Como áreas destacadas en el estado, resalta su crecimiento económico con 4.1 por ciento al cuarto trimestre del año pasado, que lo coloca en la cuarta posición nacional con el más alto indicador, sólo superado por Baja California Sur (5.9 por ciento), Quintana Roo (4.7 por ciento) y Chihuahua (4.3 por ciento).

Escenario similar se observa en el tema de diversificación laboral, referente a los empleos que no dependen directamente del sector público; sobre esto, Guanajuato logró aumentar en 2 por ciento el número de trabajadores que no labora en el gobierno, reduciendo a 7.9 por ciento la población burócrata, de acuerdo con indicadores al primer trimestre de 2014.

La colocación de trabajadores informales presentó también un avance significativo, al pasar de 59.6 a 56.9 por ciento en los últimos cinco trimestres. De esta manera, la generación de empleo creció de 29 a 30.6 por ciento en los primeros tres meses del presente año. En estos rubros, Guanajuato ocupa la octava posición nacional.

Finalmente, el estado avanzó en la garantía de bienestar a su población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso. En el último año, redujo el tamaño de esta población en más de 3 puntos porcentuales, pasando de 54 a 51 por ciento.



Productividad laboral en alerta amarilla

En foco amarillo, equivalente a situación inestable, se encuentran los temas de inversión extranjera directa (IED) y productividad. En el primero, el crecimiento de participación en la producción local fue ligero de 0.5 a 0.7 por ciento.

El rango de productividad por hora trabajada en Guanajuato es de 626.7 pesos, cantidad que se ubica por debajo de la media nacional de 753 pesos. En el cuarto trimestre de 2013, este indicador bajó de 630 a 626.7 pesos, respectivamente.

Destacan los casos de Campeche donde la productividad por hora trabajada es de 3 mil pesos, mientras que en Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas es de mil pesos. En contraste, en Chiapas es de apenas 285 pesos.



Débil estado de exportaciones, alerta roja

Las alertas rojas detectadas por el observatorio económico en Guanajuato fueron: Estado de Derecho, fomento a las exportaciones y deuda pública.

Si bien la entidad tiene la sexta tasa de deuda pública como porcentaje del PIB más baja del país (1.4 por ciento), se ha mantenido en este indicador durante el 2013, situación que advierte del compromiso adquirido como obligación financiera. En este punto, Guanajuato está en la posición 17 de 32 entidades federativas.

En Estado de Derecho se revisó el tema de vehículos robados; la cifra actual es de 75 robos por cada 100 mil habitantes, el avance en el tema, de acuerdo con los analistas del observatorio económico, es aún mínimo por lo que colocaron al estado en el lugar 22.

El mayor rezago que observa el estado fue en el tema de exportaciones donde logró situarse en la posición 24, con una participación del PIB estatal de 1.7 por ciento, menor al promedio nacional de 1.9 por ciento.

miércoles, 30 de abril de 2014

Violan estados derecho integral de acceso a información pública

De 33 leyes de transparencia existentes en el país, sólo 1 logró calificación aprobatoria en la evaluación del cumplimiento en la protección del derecho a la información de los ciudadanos, apenas 13 lograron posiciones de “regulares”, mientas que más de la mitad reprobó quedando catalogadas como entidades violatorias a los derechos de acceso a la información pública.
 
Hablamos de que más de la mitad de los estados en el país no pueden compararse siquiera con los estándares mínimos de mejores prácticas en leyes de transparencia a nivel internacional, según arrojó el Índice de Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) 2014 dado a conocer por el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
 
El mejor escenario: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuya última reforma se dio el 29 de agosto de 2013. Destaca por la interpretación del concepto del derecho a la información pública, la obligación de interpretar la Ley conforme a la Constitución Política, la garantía del derecho, la rendición de cuentas, la difusión y la transparencia en los sujetos obligados.
 

En materia de sanciones, sólo los estatutos legales del Distrito Federal y Jalisco contemplan la mayoría de infracciones, procedimientos efectivos y ágiles en la resolución de casos, quejas por incumplimiento a la publicación de obligaciones de transparencia y sanciones específicas a servidores públicos que intimiden a los solicitantes de información.
 
En total, 13 entidades obtuvieron calificaciones de “regulares” con rangos de 6 a 7.9 puntos de un total de 10. Coahuila, Guerrero, Puebla y Nayarit son los casos más rescatables Tres fueron las variables revisadas: disposiciones administrativas, diseño institucional y procedimientos de acceso a la información.
 

En el primer caso, el estado de Guerrero reprobó, al no integrar ningún elemento de revisión del concepto del derecho, su contenido normativo, interpretación y objetivo de legislación. Sobre éste último punto, Querétaro incumplió, apenas garantizar el derecho de acceso, pero niega la transparencia en el ejercicio de la función pública, la actualización de la información, la rendición de cuentas, no amplía los niveles de participación ciudadana ni difunde la información de interés público.
 
La mayor opacidad en el reconocimiento de los sujetos obligados a rendir información pública se presenta en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas, apenas 4 leyes de un total de 32 incorporan a los sindicatos que reciben recursos públicos dentro de los sujetos obligados, éstas son: DF, Durango, Michoacán y Oaxaca.
 
Aunque Oaxaca destaca en esta variable, los vacíos de la legislación se muestran en las sanciones a incumplimientos en el ejercicio del derecho, y es que apenas reconoce dos de siete indicadores que deben ser oficialmente reconocidos: procedimientos efectivos, infracciones a la Ley, quejas y sanciones específicas a servidores públicos que intimiden a los solicitantes.
 

En el tema del diseño institucional y las funciones que permiten implementar la legislación, el Estado de México resultó con la mejor evaluación, en contraste Baja California Sur y Colima no presentaron ningún criterio en la integración de las oficinas de información pública, facultades del órgano interno de revisión y la naturaleza jurídica de los órganos garantes de transparencia.
 
En la variable del proceso de acceso a la información, la peor posición la obtuvo Guanajuato, siendo el único estado con sólo un criterio para presentar solicitudes de información: el sistema electrónico, mientras que hay entidades como Puebla con hasta siete opciones: personalmente en ventanillas, correo postal, teléfono, fax, representante legal y correo electrónico.
 

Si bien, las últimas posiciones del IDAIM 2014 fueron para Baja California Sur, Colima, Guanajuato e Hidalgo, el informe señala que de manera general las leyes de transparencia del país presentan grandes diferencias entre sí.
 
Las garantías procedimentales en el acceso a la información son las que más variaciones presentaron en las distintas leyes, la mitad de éstas no contemplan órganos internos revisores ni las funciones de las unidades de enlace.
 
Aunado a ello, el periodo de reserva es distinto de una ley a otra, pues va de 7 años hasta 12, sólo 15 leyes incorporan estándares menores a 7 años, siendo éste el indicador oficial.
 
Esta evaluación lo que plantea es un escenario de contrastes, la gran mayoría con enfoque negativo y sin posibilidades de equipararse a niveles de indicadores internacionales, es decir, en transparencia estamos rezagados, tan sólo en una comparativa nacional todos resultaron reprobados.
 
Mientas hay entidades con crecimiento y desarrollo económico, con avance educativo o industrial, la tarea pendiente se mantiene en el tema de transparencia y rendición de cuentas.

martes, 1 de abril de 2014

Publicidad oficial como plataforma política

Cuando el deber de informar se convierte en instrumento de plataforma política, el sistema democrático cae a pedazos. Es un derecho de los ciudadanos, sin embargo, los políticos han sabido bien utilizarlo a favor personal. 
 
Un sistema democrático basa la publicidad oficial en el derecho de los ciudadanos de saber cómo su gobierno ejerce el recurso público, el dinero de todos. Como obligación, los gobiernos cumplen su papel, pero ¿realmente informan de manera clara, objetiva y equitativa? porque al menos eso es lo que dice la Ley sobre cómo deben informar a la ciudadanía.
 
No, los gobiernos simulan informar, aparentan explicar con campañas publicitarias que engloban en la cuenta “pública” más de seis dígitos. En suma, los políticos ganan beneficios personales; con el dinero público crean instrumentos propagandísticos con fines de plataforma política rumbo al próximo proceso electoral que los llevará a un nuevo puesto en el sector público con ganancia del erario y la continuidad en el limbo de la política.
 
Las organizaciones Article 19 y Fundar presentaron este martes la tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, que mide el acceso a la información del gasto en publicidad oficial, basado en datos obtenidos de mayo a noviembre 2013 por medio de 64 solicitudes de información realizadas a las 32 entidades federativas.
 

Como un premio a su opacidad y nula transparencia, los estados de Coahuila, Guerrero, Michoacán, Puebla y Tamaulipas se ubicaron en las primeras posiciones; durante los años 2011, 2012 y 2013, estas entidades reportaron una puntuación de 0 respecto de un rango de 5 puntos, negaron o reservaron hacer público su gasto en medios.
 
En contraste, los estados de Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí destacaron por mejorar su puntuación, pasaron de 0 puntos en el 2011 a 3 o 4 en el año 2013.
 
El Estado de México y Colima mostraron los mayores descensos en transparentar el gasto de su publicidad oficial, cayeron de 5 a 0 en el primero y de 5 a 2 en el segundo caso.
 
Para los estados más opacos, las justificaciones para entregar la información pública no se hizo esperar, mientras Coahuila y Guerrero sustentaban la falta de transparencia en la ausencia de un responsable, Michoacán utilizó un arma contraria: la información estaba descentralizada, dispersa.
 
En Puebla, la única opción fue acudir a las instalaciones de Puebla Comunicaciones, hacer  una “visita directa” si lo que se quería era conocer la información. En tanto, Tamaulipas había clasificado los datos como reservados, una defensa indebida e ilegal ya conocida por los solicitantes de información pública.
 
La investigación realizada por Fundar y Article 19 arrojó un dato alarmante: no existe una regulación sobre el gasto en publicidad oficial, a pesar de los numerosos  intentos legislativos nacionales y locales. Este es el vacío legal que ocupan los gobiernos para hacer un uso indiscriminado, arbitrario y opaco del gasto público.
 
Un total de 26 entidades –de las que se pudo obtener información- ejercieron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial durante 2012, en el último año, el gasto en el rubro creció 14.2 por ciento.
 
 
 
 

Los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Yucatán se coronaron en las primeras posiciones como los que mayor gasto ejercieron en publicidad oficial. En el primer caso, el monto asciende a mil 284 millones de pesos; para Coahuila –que además figuró entre los más opacos- la cifra asciende a 948 millones de pesos.
 

Mientras hay estados como Hidalgo, donde el gasto por habitante en publicidad oficial es de 2.6 pesos al año, hay otros como Nuevo León donde cada ciudadano debe representa el pago de 250 pesos para que su gobierno haga efectivo su derecho a informarse del gasto público.

 
 
Sin control autónomo y aprovechando las lagunas legislativas, los gobiernos estatales y municipales ejercen un gasto indiscriminado de los  recursos públicos, que además se incrementa cada año sin justificación.
 
Aún existe esperanza, estamos por iniciar abril, el límite es el último día de este mes, los Congresos locales están obligados a regular la publicidad oficial derivado de la reforma política en su artículo tercero transitorio ¿asumirán los legisladores el riesgo político o se sumarán a la omisión por un obeso sistema gubernamental que engrandece sus acciones política partidistas debilitando el sistema democrático? 

sábado, 3 de noviembre de 2012

Partidos políticos y ayuntamientos, reprobados en transparencia

Los portales de transparencia en Internet de partidos políticos, principalmente Movimiento Ciudadano (MC), Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como los ayuntamientos de Huauchinango, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan, resultaron ser los peor evaluados por parte de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) al supervisar el cumplimiento a la reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.

La evaluación de la CAIP tuvo como objetivo dar cumplimiento a las modificaciones de la legislación que plantea la obligación de transparentar la información financiera, de vinculación ciudadana, marco regulatorio y estructura organizacional de 108 sujetos obligados, por lo que el organismo autónomo supervisó portales de transparencia del Poder Ejecutivo, los Poderes Legislativo y Judicial, partidos políticos, tribunales administrativos y ayuntamientos con más de 70 mil habitantes.

De una puntuación máxima de 100 puntos, los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México obtuvieron 0, mientras que Movimiento Ciudadano registró 2.2 puntos, en tanto que el Partido Nueva Alianza obtuvo 6.32 puntos.

Los mejor calificados fueron los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), y Revolucionario Institucional (PRI), cuya puntuación fue de 98.16, 81.89, y 81 puntos, respectivamente.

En ayuntamientos, los de Huauchinango, Izúcar de Matamoros y San Martín Texmelucan, obtuvieron 0, mientras que la administración de Amozoc alcanzó apenas 5.52 puntos, Xicotepec de Juárez 10.58 puntos, Zacatlán 11.27 puntos y Cuautlancingo 15.28 puntos.

Sólo la administración municipal de Puebla obtuvo una calificación de 97.6 puntos, el resto de ayuntamientos no alcanzaron más de 50 puntos, como es el caso de Atlixco 48.49 puntos, San Andrés Cholula 45.31 puntos.

En organismos autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Benemérita Universidad Popular Autónoma de Puebla (BUAP) resultaron ser los mejores evaluados con 98.96 y 92 puntos, respectivamente. En contraste, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJEP), obtuvieron 70.46 y 76.08 puntos, respectivamente.

La disparidad se observó en el Poder Legislativo, donde, mientras el Órgano de Fiscalización Superior del Estado obtuvo 94.8 puntos, el Congreso local registro 77.57 puntos.

Del Poder Ejecutivo, las dependencias mejor evaluadas fueron las secretarias de Servicios Legales y Defensoría Pública, y la de Desarrollo Social, con 93.76 y 93.36 puntos, respectivamente, calificación que contrasta con las secretarias de Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, e Infraestructura, que reportaron 88.82 y 89.94 puntos, de un total de 100.