
La libertad sindical y defensa de los derechos laborales esta siendo vulnerada por la creciente presencia de los Contratos Colectivos de Protección Patronal, los cuales son firmados, en convenio, entre sindicatos y empresas ante el desconocimiento de la base trabajadora, siendo ellos los más afectados por esta práctica laboral.
Aunque la presencia de los Contratos Colectivos de Protección Patronal (CCPP) no es nueva en el país, en últimos años se ha intensificado su práctica a costa de la explotación laboral de miles de trabajadores.
Puebla no es la excepción y debido a este acelerado crecimiento colectivo, organizaciones y asociaciones civiles suman esfuerzos para emprender de manera conjunta -con estados como Oaxaca y Veracruz- una campaña que manifieste su reproche y desaprobación hacia este tipo de contratos laborales que hoy afectan al 90 por ciento de la base trabajadora en el país.
90% trabajadores laboran bajo contratos de protección patronal
Esta estadística refleja el escenario laboral en cada una de las entidades federativas, aseguró el investigador de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Oscar Calderón Morillón, al señalar que en el estado, alrededor de 1 millón 239 mil empleados laboran bajo estas condiciones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, al segundo trimestre del año, la Población Económicamente Activa (PEA) de Puebla esta conformada por 2.3 millones de personas, de las cuales 1 millón 377 mil 333 están subordinadas y asalariadas.
Entrevistado por Bitácora Económica, el investigador de la BUAP aseveró que la afectación por la presencia de los CCPP cubre al 90% de los trabajadores en el estado, cifra que alarma si se observa que del total de la población ocupada, el 59.6 por ciento esta empleada con contrato laboral.
A fin de conocer el impacto de trae consigo los CCPP sobre la cultura laboral, el académico prepara una investigación que lleva por título: “Trabajo, Precariedad y Situación Laboral en Puebla”, con la cual busca dar a conocer el escenario real de empleo que existe en el estado y las acciones que deben emprenderse para erradicar la violación a los derechos laborales.
Sindicato y Empresas negocian derechos laborales
El especialista en temas laborales refirió que los contratos de protección cuentan con el respaldo de los sindicatos, quienes promueven estas prácticas en coordinación con las empresas, bajo un ambiente de corrupción y nepotismo que sólo beneficia a unos cuantos, mientras que el resto de la base trabajadora desconoce las negociaciones de su líder sindical.
En este sentido se pronunció la directora del Centro de Atención al Trabajador (CAT), Blanca Velázquez Díaz, al encabezar el seminario: “El desafío de generar productividad y trabajo digno”, donde dio a conocer que en Puebla existen 50 mil contratos colectivos de trabajo, de los cuales 7 mil son de protección patronal.
El sector automotriz y de autopartes lidera la violación a los derechos laborales, debido a que cerca de 21 empresas dedicadas a esta industria, cuentan con este tipo de contratos, reprimiendo con ello, el derecho de los trabajadores.
Ante el CAT han llegado casos de trabajadores que durante 15 años han sido violentados sus derechos laborales, pese a ello, las dependencias gubernamentales a cargo niegan todo tipo de atención, siendo que existe un compromiso con los patrones por atraer sus inversiones a Puebla.
Líderes sindicales buscan “hueso”
Además de las autoridades estatales, Velázquez Díaz involucró la participación de los dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM) y de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC-CROC), como principales operadores de los contratos de protección patronal en el estado.
Las dirigencias en estas organizaciones sindicales se encuentran representadas por: el también diputado federal, Leobardo Soto Martínez al frente de la CTM; René Sánchez Juárez, quién además de representar a la FROC- CROC, también funge como regidor en el Ayuntamiento de Puebla; y Leonardo Contreras Cisneros al frente de la CROM y presidente del Congreso del Trabajo.
Además de ocupar cargos públicos, los representantes sindicales se han mantenido durante años al frente de sus cargos, representando a la base trabajadora en defensa de sus derechos, no obstante, son los propios trabajadores quienes exigen su salida al acusarlos de “corruptos”.
Para concretar un contrato de protección patronal, los supuestos secretarios generales “comercian” con los empresarios, ofreciéndoles contratos colectivos adecuados a sus requerimientos e intereses, permitiendo con ello: despidos injustificados, jornadas de trabajo largas, inequidad salarial y resguardo de una base laboral negada al derecho de huelga.
Trabajadores de diversas empresas que mantiene relación laboral con alguna de las nombradas organizaciones sindicales, afirman desconocer el papel de sus propios líderes y las negociaciones impulsadas para garantizar mejores beneficios por su labor.
Carencia de cultura sindical
La investigación que desarrolla el académico de la BUAP, en una primera etapa, arrojó resultados impactantes: sólo el 4 por ciento de los trabajadores sindicalizados en Puebla conocen quién es su líder sindical, así como las funciones que ejerce su sindicato.
Es decir, que el 96 por ciento de los asalariados desconocen la figura y el desempeño emprendido por su líder sindical, mientras que apenas un 2 por ciento asegura saber a qué sindicato pertenece su organización.
El especialista en derecho laboral alertó sobre el bajo índice de trabajadores que afirma tener conocimientos sobre el papel que juega un sindicato en el escenario laboral, dichas estadísticas revelan que el 86 por ciento de los empleados no saben que forman parte de una organización sindical.
Aunado a estas carencias, destaca que el 34 por ciento de los encuestados no tiene contrato laboral formal, situación que agrava su posición como trabajador, al carecer de prestaciones sociales y las mínimas condiciones de seguridad social.
Crece desigualdad laboral
Esta situación ha generado que esquemas independientes de empleo como el Outsourcing amplíen su cobertura en el mercado laboral de los últimos años. Actualmente el 40 por ciento de los trabajadores laboran bajo este esquema de trabajo, esto a pesar de negarles acceso a salud y prestaciones.
Las cláusulas de un contrato de protección patronal establecen claramente las violaciones a los derechos laborales de un trabajador, aunado a la trasgresión de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esto sin tomar en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en sus artículos 23 y 24 estipula: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual...tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana…derecho a fundar sindicatos, al descanso, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas…[1]
No obstante, el actuar por parte de las autoridades federales y estatales, así como de los representantes en las comisiones de promoción a los derechos humanos, se ha quedado limitada con respecto al crecimiento que muestran los propios contratos colectivos.
Autoridades ignoran el tema
En una breve entrevista que el secretario del Trabajo y Competitividad en Puebla, Pericles Olivares Flores, concedió a los medios de comunicación, afirmó tener conocimiento de los CCPP, empero rechazó que representen al 90 por ciento de los contratos laborales en el estado, y señaló que la tarea de supervisión corresponde a los propios tribunales laborales.
Mientras las autoridades prefieren “ignorar” estos temas, los contratos continúan forjando su presencia, desvirtuando el sentido de la contratación colectiva, al convertirla en un instrumento de protección del empleador contra la auténtica sindicalización.
Violación de derechos laborales
De acuerdo con una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los contratos colectivos de protección patronal se caracterizan por facilitar la flexibilidad laboral sin cortapisas, afectar las instituciones del derecho del trabajo, impedir la democratización de las organizaciones de trabajadores y dejar en estado de indefensión a los empleados.
Asimismo, el informe académico plantea que este tipo de contratos busca simplificar y minimizar la relación laboral en forma unilateral y autoritaria, respondiendo únicamente a los intereses del patrón, con beneficios para los intermediarios de la relación, es decir, los líderes sindicales y autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la propia Secretaría del Trabajo.
Este planteamiento coloca al contrato de protección patronal como una simple “simulación de relación laboral”, fijado bajo un mecanismo de precarización laboral en materia económica, política y social.
(1] Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, art. 23 y 24.
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