Violación a los derechos políticos, exclusión indígena y violencia de género, son algunas de las trasgresiones que perciben los poblanos de forma diaria, así lo reveló el Índice de Desarrollo Democrático Mexicano (IDD-Mex 2010), que coloca a Puebla en el cuarto lugar de 32 entidades con el peor escenario en materia de desempeño democrático.
Al difundir los resultados de la primera edición, el IDD-Mex 2010 ubicó, además de Puebla, a los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua, como los que presentaron los peores resultados en su nivel de desempeño democrático, al obtener entre 2.1 y 3.9 puntos de 10 posibles.
De acuerdo con dicho estudio -elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, y la consultora Polilat-, sólo 14 de las 32 entidades del país, superan el 6 de calificación, y sólo dos pasan de 8, en tanto, el resto mantiene un desarrollo democrático inferior menor a 4 puntos.
A diferencia de Puebla, el estado de Colima se coloca como la entidad con mejor labor democrática al lograr sumar un total de 10 puntos de calificación, seguida del Distrito Federal, Aguascalientes, Guanajuato y Nuevo León.
El estudio de Coparmex plantea que en Puebla existen claras violaciones a los derechos políticos y libertades civiles, entre ellas: la exclusión indígena y violencia de género, debido al número de casos presentados ante la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia a nivel local.
Sin precisar en el número de casos, el presidente de Coparmex, Gerardo Gutiérrez Candiani, informó que en las entidades del centro y sureste del país, presentan una carente eficiencia política y calidad en sus instituciones públicas, escenario generado por actos de corrupción y factores de crisis de gobierno.
Según el dirigente empresarial, este escenario refleja indicadores de desestabilización en el sector público que deben ser atendidos con prontitud, de lo contrario, se mantendrá la violación y trasgresión a los derechos humanos de los poblanos.
En México existen más de 14 instrumentos internacionales y más de 220 leyes específicas para la población indígena donde se resalta la importancia de resguardar la vida e integridad de sus derechos sobre su: territorio, idioma, cultura o religión; sin embargo, son pocas naciones las que respetan dichos estatutos, esto pese a su carácter, en la mayoría de casos, supraconstitucional.
Los grupos indígenas en Puebla y sureste del país, son los que sufren más los actos discriminatorios al padecer de extrema pobreza y marginación en áreas prioritarias como salud y educación, esto ante el desinterés de las autoridades por ofrecer cobertura a zonas rurales.
En este contexto, habrá que destacar que Puebla se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor miseria alimentaria, séptimo con más alto índice de marginación y con menor índice de desarrollo humano, esto a pesar de absorber el cuarto presupuesto federal más alto en el país para combatir estos indicadores de desigualdad.
Además de ser “foco rojo” en materia de violencia contra los derechos indígenas, Puebla destaca por su trasgresión a la equidad de género, donde el más claro ejemplo radica en la desigualdad laboral que presentan hombres y mujeres, con diferencias de hasta 30 por ciento en percepción salarial.
Este escenario no es exclusivo de Puebla, lo presentan la mayoría de los estados en el país y naciones americanas, que se posicionan como los mayores trasgresores a la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Aunado a los temas sociales, Puebla destaca por su reducido desempeño en educación, alta tasa de analfabetismo y mínima eficiencia terminal en secundaria; mientras que en temas económicos, presenta un bajo nivel de PIB per cápita, diferencial en la capacidad de ingresos, competitividad estado-sociedad, mínima capacidad de inversión y bajo nivel de autonomía financiera.
"Persisten las prácticas caciquiles, el fraude electoral, los congresos estatales con una autonomía incipiente, la corrupción, la opacidad en el manejo de los recursos públicos e inclusive atentados contra la libertad de expresión", expresó el dirigente nacional de Coparmex.
Al término de la presentación del estudio, Gutiérrez Candiani consideró que el desarrollo democrático en México es aún un proceso inconcluso, que plantea múltiples pendientes y retos, pero también riesgos de retrocesos o distorsiones, lo que dependerá de su manejo en próximos años.
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