Publicidad oficial como plataforma política

Cuando el deber de informar se convierte en instrumento de plataforma política, el sistema democrático cae a pedazos. Es un derecho de los ciudadanos, sin embargo, los políticos han sabido bien utilizarlo a favor personal. 

 

Un sistema democrático basa la publicidad oficial en el derecho de los ciudadanos de saber cómo su gobierno ejerce el recurso público, el dinero de todos. Como obligación, los gobiernos cumplen su papel, pero ¿realmente informan de manera clara, objetiva y equitativa? porque al menos eso es lo que dice la Ley sobre cómo deben informar a la ciudadanía.

 

No, los gobiernos simulan informar, aparentan explicar con campañas publicitarias que engloban en la cuenta “pública” más de seis dígitos. En suma, los políticos ganan beneficios personales; con el dinero público crean instrumentos propagandísticos con fines de plataforma política rumbo al próximo proceso electoral que los llevará a un nuevo puesto en el sector público con ganancia del erario y la continuidad en el limbo de la política.

 

Las organizaciones Article 19 y Fundar presentaron este martes la tercera edición del Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, que mide el acceso a la información del gasto en publicidad oficial, basado en datos obtenidos de mayo a noviembre 2013 por medio de 64 solicitudes de información realizadas a las 32 entidades federativas.

 

Como un premio a su opacidad y nula transparencia, los estados de Coahuila, Guerrero, Michoacán, Puebla y Tamaulipas se ubicaron en las primeras posiciones; durante los años 2011, 2012 y 2013, estas entidades reportaron una puntuación de 0 respecto de un rango de 5 puntos, negaron o reservaron hacer público su gasto en medios.

 

En contraste, los estados de Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y San Luis Potosí destacaron por mejorar su puntuación, pasaron de 0 puntos en el 2011 a 3 o 4 en el año 2013.

 

El Estado de México y Colima mostraron los mayores descensos en transparentar el gasto de su publicidad oficial, cayeron de 5 a 0 en el primero y de 5 a 2 en el segundo caso.

 

Para los estados más opacos, las justificaciones para entregar la información pública no se hizo esperar, mientras Coahuila y Guerrero sustentaban la falta de transparencia en la ausencia de un responsable, Michoacán utilizó un arma contraria: la información estaba descentralizada, dispersa.

 

En Puebla, la única opción fue acudir a las instalaciones de Puebla Comunicaciones, hacer  una “visita directa” si lo que se quería era conocer la información. En tanto, Tamaulipas había clasificado los datos como reservados, una defensa indebida e ilegal ya conocida por los solicitantes de información pública.

 

La investigación realizada por Fundar y Article 19 arrojó un dato alarmante: no existe una regulación sobre el gasto en publicidad oficial, a pesar de los numerosos  intentos legislativos nacionales y locales. Este es el vacío legal que ocupan los gobiernos para hacer un uso indiscriminado, arbitrario y opaco del gasto público.

 

Un total de 26 entidades –de las que se pudo obtener información- ejercieron 5 mil 377 millones de pesos en publicidad oficial durante 2012, en el último año, el gasto en el rubro creció 14.2 por ciento.
 

 

 

 

Los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Yucatán se coronaron en las primeras posiciones como los que mayor gasto ejercieron en publicidad oficial. En el primer caso, el monto asciende a mil 284 millones de pesos; para Coahuila –que además figuró entre los más opacos- la cifra asciende a 948 millones de pesos.

 

Mientras hay estados como Hidalgo, donde el gasto por habitante en publicidad oficial es de 2.6 pesos al año, hay otros como Nuevo León donde cada ciudadano debe representa el pago de 250 pesos para que su gobierno haga efectivo su derecho a informarse del gasto público.

 

 

Sin control autónomo y aprovechando las lagunas legislativas, los gobiernos estatales y municipales ejercen un gasto indiscriminado de los  recursos públicos, que además se incrementa cada año sin justificación.

 

Aún existe esperanza, estamos por iniciar abril, el límite es el último día de este mes, los Congresos locales están obligados a regular la publicidad oficial derivado de la reforma política en su artículo tercero transitorio ¿asumirán los legisladores el riesgo político o se sumarán a la omisión por un obeso sistema gubernamental que engrandece sus acciones política partidistas debilitando el sistema democrático?